27Noviembre2014

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La CIDH culminó su 152º Período Extraordinario de Sesiones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 152º Período Extraordinario de Sesiones en Ciudad de México del 11 al 15 de agosto de 2014, a invitación del Estado Mexicano.


Durante estas sesiones, la CIDH celebró diversas reuniones con altas autoridades de México y organizaciones de la sociedad civil de dicho país. Asimismo, se realizaron siete audiencias públicas sobre la situación general de derechos humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de esos países y representaciones de todos los Estados participaron en las audiencias, que se realizaron ante una concurrida asistencia de público en el Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que fueron seguidas por transmisión Web por miles de personas en toda la región. La Comisión Interamericana agradece a los Estados y la sociedad civil su activa participación en todas las audiencias.

En la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Belice, las organizaciones de la sociedad civil identificaron buenas prácticas como campañas del Gobierno para la sensibilización de los derechos humanos y estrategias para atender la situación de las personas migrantes adoptadas en conjunto con los gobiernos de otros países de la región centroamericana. Por otra parte, identificaron como obstáculos a la vigencia de los derechos humanos ciertas medidas de las autoridades que no permitían la sindicalización de los trabajadores migrantes, la exigencia de pruebas de VIH a los migrantes, y la falta de conciencia entre la población respecto de los derechos de las personas LGBTI, migrantes y mujeres. Asimismo, se planteó la situación de los pueblos mayas en Belice, por el otorgamiento de concesiones a empresas que explotan los recursos naturales existentes en sus territorios ancestrales. La representante de la Alianza Maya habló de la importancia de respetar el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas en relación a cualquier proyecto que se desarrolle en sus tierras.

La Comisión reconoció el diálogo entre la sociedad civil y el Estado de Belice, así como los retos económicos que enfrenta el país, pero aclaró que estos no deben anteponerse a la protección de los derechos de las personas, en particular de los pueblos indígenas y migrantes. Entre las cuestiones pendientes de resolver por parte del Estado, la CIDH se refirió a la situación de los pueblos indígenas y sus tierras. En particular, la Comisión expresa su profunda preocupación por la falta de cumplimiento por parte del Estado de Belice de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo sobre el caso “Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo”, publicado por la CIDH en el año 2004. Tal como lo ha indicado la CIDH en su informe anual de 2013, contrariamente a lo que indican las recomendaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana, el Estado de Belice permite el desarrollo petrolero y la tala ilegal en territorios mayas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos mayas en relación con el uso de las tierras de su propiedad. Adicionalmente, las autoridades están construyendo una carretera pavimentada que atraviesa muchos pueblos mayas, sin consulta ni consentimiento, la cual llegará hasta la frontera entre Belice y Guatemala. Ante la implementación de estos proyectos en tierras y territorios mayas sin cumplir con la obligación del Estado en materia de consulta previa e informada a los pueblos indígenas afectados, la CIDH solicitó en 2013 información al Estado, la cual no fue proporcionada. La Comisión Interamericana rechaza la falta de respuesta del Estado, así como el hecho de que en dos oportunidades en que la CIDH convocó a reuniones de trabajo sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, las autoridades hayan pedido la cancelación de las mismas. La Comisión Interamericana reitera enfáticamente que el Estado de Belice debe dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de este informe.

En la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Costa Rica, las organizaciones participantes indicaron una serie de problemas relacionados por las trabajadoras y los trabajadores migrantes en este país. Dentro de dichos problemas hicieron referencia a condiciones inaceptables de trabajo, a abusos por parte de quienes los emplean y las dificultades para exigir derechos laborales y prestaciones de seguridad social derivadas de su trabajo. Destacaron que las autoridades en materia laboral y de seguridad social tienen conocimiento de esta problemática la cual no ha sido abordada de manera adecuada ni se han implementado mecanismos apropiados de supervisión. Asimismo, mencionaron que la normativa reciente en materia de migración y extranjería pone ciertos límites a las posibilidades de regularización.
 
La CIDH manifestó preocupación por varios de los temas mencionados en la audiencia sobre Costa Rica. En ese sentido, la Comisión solicitó mayor información sobre el tema migratorio, los efectos de la legislación reciente sobre migración y extranjería, sobre los estudios realizados por las autoridades estatales respecto de la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios y sus efectos, sobre la justicia penal juvenil, y sobre la ausencia de un enfoque preventivo que aborde las causas de estas problemáticas. Entre otros aspectos, el Estado se comprometió a entregar los estudios sobre el hacinamiento a la Comisión, así como informar sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión en sus informes temáticos sobre los derechos de las personas privadas de libertad y las iniciativas que aborden la prevención de los delitos cometidos por adolescentes.

En audiencia sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, las organizaciones participantes indicaron que la vigencia de la actual Ley de Amnistía General continúa siendo un obstáculo para el juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Indicaron además, que las políticas públicas y reformas penales en materia de seguridad ciudadana no han venido acompañadas de un adecuado fortalecimiento institucional de la administración de justicia, persistiendo serias deficiencias estructurales en la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial. También con relación al sector justicia, se hizo énfasis en la necesidad de adoptar un marco legal que garantice que los procesos de selección de magistrados de altas cortes cumplan con los estándares internacionales.

Con respecto a la actual crisis humanitaria generada por la migración de miles de niños centroamericanos en su ruta a los Estados Unidos, se informó en la audiencia relativa a El Salvador que entre octubre de 2013 y julio de 2014 habrían sido aprehendidos en Estados Unidos un total de 61,581 niños, niñas y adolescentes centroamericanos, de los cuales, 14,591 habrían sido salvadoreños. En este contexto, se indicó que al menos 5,411 niños, niñas y adolescentes salvadoreños habrían sido deportados desde México y los EEUU durante el 2012, 2013 y lo que va de 2014. En este sentido, destacaron la necesidad de abordar esta problemática desde una aproximación multi-causal que ponga el énfasis en las causas que empujan a estos niños a migrar. Asimismo, señalaron que es necesario dar pasos  hacia una protección internacional en el trayecto y en el destino de los niños y las niñas migrantes, a través de convenios bilaterales y regionales que también aseguren la reunificación familiar sin riesgos. En adición a ello, mencionaron la necesidad de implementar políticas públicas destinadas a asistir a aquellos niños que retornan deportados a El Salvador.

Por otro lado, se informó que la criminalización absoluta del aborto en El Salvador genera en la práctica una situación de doble discriminación, toda vez que la persecución de este delito se dirige específicamente a mujeres que padecen de otras condiciones de vulnerabilidad, específicamente mujeres jóvenes pobres. Entre los años 2000 y 2011, 68 mujeres habrían sido procesadas penalmente por este delito, la mayoría de estas mujeres habrían sido denunciadas por personal de los centros de salud pública. Asimismo, el número de abortos inseguros ascendería a más de 35,000 al año.

Durante la audiencia sobre El Salvador, los miembros de la Comisión hicieron énfasis en la necesidad de suscribir convenios bilaterales o regionales de cooperación para brindar atención integral a la niñez migrante, incluyendo a aquellos niños, niñas y adolescentes que buscan la reunificación familiar y los que huyen de la violencia, así como aquellos que son deportados. La CIDH recuerda al Estado la necesidad de asegurar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través del Sistema Nacional de Protección y Promoción de sus Derechos a una vida sin violencia y sin obligación de migrar. Los Comisionados y las Comisionadas señalaron además la importancia de establecer mecanismos de designación y evaluación de los jueces de altas cortes y la necesidad de que el Estado adopte políticas públicas de alcance general dirigidas a proteger e incluir de forma igualitaria a las personas, grupos y comunidades LGBTI, más allá de las posibles iniciativas aisladas que se hayan llevado a cabo en esta materia. Adicionalmente, la Comisión urgió al Estado a revocar la prohibición absoluta del aborto, a fin de proteger la integridad personal y la salud de las mujeres.

En la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Guatemala, las organizaciones plantearon la persistencia de una serie de factores que impedirían el goce de derechos humanos por parte de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Señalaron que entre enero y julio de 2014 se habrían producido 691 agresiones contra defensores y defensoras, e indicaron que esta cifra es similar al número de agresiones registradas para todo el año 2013. Agregaron que esto incluye el uso de la fuerza en protestas sociales pacíficas de comunidades indígenas y campesinas. Informaron sobre cuestionamientos estatales a la labor de las y los defensores extranjeros.

La Comisión solicitó información sobre las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala para dar cumplimiento a las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas. Indicó que si bien la reconciliación es fundamental, no es posible excluir los derechos de las víctimas a la obtención de justicia. Asimismo, expresó su preocupación por el aumento en las agresiones contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Sobre estos últimos solicitó información sobre medidas de protección y legitimación de su labor. La Comisión resaltó la importancia de garantizar el derecho a la consulta y a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, y señaló que estos derechos no deberían ser vistos como un elemento que menoscaba la soberanía del Estado sino como una fuente de fortalecimiento democrático. También solicitó aportar cifras sobre la niñez migrante y los esfuerzos que se estén realizando a través de la firma de convenios bilaterales y regionales a fin de lograr la reunificación familiar, evitando las rutas clandestinas. La CIDH destacó asimismo la importancia de fortalecer las políticas a favor de la población LGBTI, incluyendo una ley para el derecho a la identidad de las personas trans. La CIDH también expresó su preocupación por las interferencias que menoscaban la independencia del Poder Judicial. La Comisión Interamericana resaltó en la audiencia su interés sostenido en realizar una visita a Guatemala, e invita al Estado a avanzar con el establecimiento de fechas para la misma.

En la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la Comisión fue informada que entre noviembre de 2013 y junio de 2014 fueron detenidos en la frontera sudoeste de Estados Unidos al menos 13,282 niños procedentes de Honduras; y que de enero a junio de 2014 regresaron a Honduras 4,557 niños deportados, la mayoría procedentes de México. Esta grave crisis humanitaria está directamente relacionada con el hecho de que según las cifras aportadas el 45.3% de la población hondureña vive en condiciones de pobreza extrema; el país presenta un índice de homicidios de 79 por cada cien mil habitantes; y que en los primeros cinco meses del presente año se han registrado 440 homicidios de niños, niñas y adolescentes, producidas por los altos índices de violencia que imperan en los entornos familiares y comunitarios. En este sentido, las organizaciones participantes reconocieron la adopción de diversas iniciativas y medidas de alcance inmediato por parte del Estado, pero subrayaron la necesidad de que se adopten medidas integrales a mediano y largo plazo. Asimismo, se denunció el agravamiento de la violencia en la región del Bajo Aguán y la situación de impunidad en la que se mantienen la mayoría de los homicidios de campesinos perpetrados por grupos armados en esa zona. Por otro lado, se informó que la tasa de muertes violentas de mujeres pasó de 2.7 por cada 100,000 habitantes en el 2005 a 14.6 en el 2013, sólo en 2013 fueron asesinadas 636 mujeres; asimismo, las denuncias de mujeres desaparecidas pasaron de 91 en 2008 a 347 en 2013.  En este contexto, la tasa de impunidad en casos de violencia sexual y asesinatos de mujeres sería del 95%.

En la audiencia sobre Honduras, los miembros de la Comisión Interamericana hicieron énfasis en la necesidad de que las medidas adoptadas por el Estado tengan un impacto real en aquellas situaciones a las que están dirigidas. Asimismo, la Comisión reconoció las distintas medidas que se han adoptado con respecto a la crisis humanitaria relativa a los derechos de las personas migrantes, especialmente relacionada a niños, niñas y adolescentes. La Comisión instó al Estado a evitar la utilización de recursos de cooperación para aumentar la militarización o para implementar otras políticas represivas, y urgió en cambio a adoptar políticas públicas de corto y de largo alcance que incluyan un abordaje multi-causal de esta problemática, dirigidas precisamente a contrarrestar las condiciones reales que motivan la migración. La Comisión destacó la importancia del proyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia como un paso importante. La CIDH recordó al Estado que para que dicho mecanismo sea efectivo, las autoridades deben asegurar que sea debidamente consultado con la sociedad civil y expertos sobre el tema, y que el mismo debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia. Por otro lado, la Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres subrayó que está ampliamente documentado y demostrado que los anticonceptivos de emergencia no son métodos abortivos.

En la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil presentaron información sobre la existencia de una persecución estatal a las personas y grupos que son identificados como opositores al gobierno. Como ejemplos de esta situación, mencionaron agresiones en el marco de la protesta social, actos de hostigamiento y deslegitimación de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros factores.

La CIDH expresó preocupación por la información recibida sobre estigmatización y amenazas contra las defensoras y los defensores de derechos humanos en Nicaragua y solicitó información sobre las medidas en relación con estos hechos, así como las respectivas investigaciones. También preguntó sobre la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de magistrados. Asimismo, se formularon inquietudes sobre el tema de las celdas provisionales en instituciones policiales y sobre el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil a los centros penitenciarios y se solicitó información sobre los adolescentes privados de libertad. La Comisión mencionó la importancia de contar con los informes citados por el Estado como sustento de los avances en materia de derechos económicos, sociales  y culturales y mostró particular interés en conocer el funcionamiento actual de la policía comunitaria y su impacto en adolescentes y jóvenes. Finalmente, la Comisión puso énfasis en la importancia de una visita a Nicaragua y de la necesidad de que exista una política de puertas abiertas, y la Presidenta de la CIDH indicó que tiene interés en realizar una visita a Nicaragua en su calidad de Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI.

En la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Panamá las organizaciones participantes se refirieron a diversas deficiencias persistentes el sistema de administración de justicia. A este respecto, reiteraron la necesidad de que finalmente se apruebe la Ley de Carrera Judicial, cuya iniciativa de proyecto se encuentra pendiente de discusión en la Asamblea Nacional desde 2005. Con lo cual, a falta de un marco legal adecuado en esta materia, los procesos de nombramiento, ascenso y disciplina de jueces no cuentan con la regulación adecuada, dando lugar a un amplio margen de discrecionalidad en los nombramientos de los operadores de justicia, y en la falta de mecanismos que garanticen la independencia de los jueces, particularmente de las presiones e injerencias de sus superiores jerárquicos. En este contexto, se estima que existen aproximadamente 642 jueces interinos de un universo de más de 1,600 funcionarios judiciales; y que en los últimos cinco años se nombraron cuatro Procuradores Generales de la Nación.

La CIDH manifestó preocupación por varios de los temas mencionados en la audiencia sobre Panamá, en particular los problemas y desafíos relacionados con el sistema de designación, nombramiento, adscripción y disciplina de miembros del Poder Judicial, así como por los decretos que liberaron a los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos, propiciando su impunidad y dejando a las víctimas en un estado de indefensión. En este sentido, cabe resaltar que después de la audiencia, la CIDH tuvo conocimiento a través de medios de comunicación de que el Presidente Juan Carlos Varela habría revocado los decretos ejecutivos que otorgaban estos indultos, con base en que la normativa en Panamá permite los indultos para delitos políticos y no para delitos comunes. La Comisión Interamericana espera que esta medida permita combatir la impunidad y alcanzar justicia y reparación para las víctimas de estos crímenes.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos ordinarios de sesiones al año en su sede. Adicionalmente, la CIDH puede celebrar períodos de sesiones fuera de la sede, a invitación de los Estados respectivos, siendo los más recientes  las de Guatemala en 2006, Paraguay en 2007 y Argentina en 2009. La CIDH está en la mejor disposición de realizar períodos de sesiones fuera de sede en atención a las invitaciones que realicen los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Participaron del 152º Período Extraordinario de Sesiones la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson; la Primera Vicepresidenta, Rose-Marie Belle Antoine; el Segundo Vicepresidente Felipe González; los Comisionados y las Comisionadas José de Jesús Orozco Henríquez; Rosa María Ortiz; Paulo Vannuchi y James Cavallaro; el Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina  Botero; y otros integrantes del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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